Incompetencia del gobierno municipal que afecta a artistas y gestores en Santa Cruz

En vísperas del cierre de gestión 2024, volvieron a registrarse protestas pacíficas de diversos artistas contra la Secretaria Municipal de Cultura y Turismo, que dirige Sarah Mansilla, particularmente en relación a las actividades que ejecuta su cartera de Dirección de Cultura, cuya titular es Viviana Akamine. Pareciera que algun@s servidoras en esta sección olvidaron hacer el curso básico de la Ley 1178 (SAFCO), obligatoria para cualquier funcionario público.

Movidos por la desesperación y la impotencia, un grupo asociado de artistas escénicos reclama la deuda de más de 500 mil bolivianos por servicios artísticos que ya realizaron bajo contrato firmado, algunos de ellos desde el mes de marzo de este año. Los detalles los hizo conocer la actriz Emi Chávez, presidenta de la Asociación de Actores y Actrices de Santa Cruz. Este espectáculo de protesta ya lo protagonizaron otros sectores del sector artístico local durante el primer semestre de este año, incluso APAC llegó a visitar canales de televisión denunciando el perjuicio que sufrían por el mismo tipo de deuda, para ejercer una presión mayor que les resultó eficaz.

La exagerada morosidad que demuestra el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra en cada gestión, empeoró este año, ya que los pagos a otros artistas e instituciones culturales continúan pendientes incluso desde la gestión 2023, tal como lo denunció mediante carta pública la Escuela Nacional de Teatro, al igual que lo expresaron participantes de la Bienal de Arte Contemporáneo en otro momento.

Las profundas falencias de la Alcaldía

Se trata sin embargo de una crisis que va más allá de la gestión de la cultura: es una inoperancia sistemática que sufre todo el gobierno municipal que dirige Johny Fernández, puesto que todo pago pasa por una secretaria de administración que no se abastece. Según una nota publicada por el diario El Deber el pasado 29 de noviembre, la deuda general del Gobierno Municipal por servicios y obras impagas, asciende a los 2.360 millones de bolivianos, equivalente a la mitad del presupuesto de esta gestión. Un escándalo en verdad.

El POA 2024 de la institución señala que el presupuesto total asignado fue de más de 4.725 millones de bolivianos –de los cuales solo 13 millones aproximadamenteson para Cultura y Turismo. Con lo cual la interrogante es doble: ¿Por qué no se desembolsan los pagos de actividades que están en el POA? O si el problema es que lo gastan de otra manera: ¿ a qué otras partidas o áreas dentro del municipio lo están llevando? Ante la duda por el prolongado silencio y la impunidad con la que continúan manejándose en la Secretaria Municipal de Administración y Finanzas, ahora dirigida por Roger Cerrate, cabe preguntar: ¿Por qué no le temen a las auditorías internas y externas que harían notar cuáles son las violaciones a las normas que están cometiendo?

La respuesta es simple: porque disminuyeron al máximo la programación de auditorías necesarias para el 2024. Una revisión del documento POA 2024 presentado por Jhonny Fernández en la rendición pública de cuentas inicial, muestra que programaron cero auditorias financieras, cero auditorías operacionales, y cero auditorías a los proyectos de inversión pública; en cambio, intentaron disimular estas ausencias indicando 7 auditorías en la casilla “otros”, luego 2 de confiabilidad, 2 de cumplimiento y 1 de seguimiento.

Sumado a esta situación, se encuentra el despilfarro de los recursos sin justificación: el alcalde Fernández paga a 58 asesores para desarrollar su gestión –tal como han reclamado los concejales opositores– siendo que en el organigrama se especifican 11 unidades organizacionales dependientes de su despacho, llamadas “direcciones”, entre las cuales se encuentra una de “Asuntos jurídicos”, otra de “Transparencia, prevención y lucha contra la corrupción”, y otra más de “Sumariante”. ¿Qué es lo que controlan o dan seguimiento durante todo un año si no se ejecuta el presupuesto correctamente? No olvidemos mencionar que existen también 11 secretarias municipales dependientes de este mismo despacho, cada una con sus subdirecciones dependientes.

Tratase pues de un aparato del Estado enorme, lento y nada transparente, que además de ser ineficiente, resulta extremadamente costoso puesto que una parte de sus ingresos viene de los impuestos. Nótese que el gasto del presupuesto de esta entidad, solamente en planilla de sueldos, debe abastecer a 11,352 funcionarios, de los cuales 8.098 son eventuales y 3.254 de planta, según datos del POA reformulado de mayo 2024.

La cultura: un gasto decorativo

Volvamos a hablar de la cultura. En la gestión de Fernández, recrudeció el lugar de la producción cultural como decoración y entretenimiento para las fiestas y homenajes. La cómplice perfecta en esta misión ha sido Sarah Mansilla, la secretaria de cultura y turismo, nada de lo que se esperaba sería. En realidad, desde abril del 2021 cuando asumió, Mansilla se ha prestado de manera cómplice a disimular la sinvergüenzura e incompetencia de la gestión del actual alcalde, manteniendo en marcha las contrataciones a artistas de todas las proveniencias a sabiendas de las enormes deudas ya acumuladas con otros colegas del área, y de la incierta situación de los pagos que debían confrontar los siguientes artistas que contrataría. Cada uno sabe hasta donde prestarse, y en su caso, Mansilla no ha dudado en jugarse su reputación por una de las peores gestiones que se recuerde de un alcalde en Santa Cruz de la Sierra.

Veamos cómo funciona el show de Sarah Mansilla. Es un sistema que obliga a peregrinar a los artistas, se perfeccionó en los tres años de gestión. “Que continúe el show”, llegó a decir Mansilla en abril, ante los artistas con carteles de protesta que aparecieron en un evento a las afueras del Altillo Beni. A este sistema lo llamaremos “el Viacrucis cultural”, un tortuoso recorrido al que se somete a los artistas, una gran parte por necesidad: ellos aceptan el trato que les propone la Sra. Mansilla, que consiste en fiar su trabajo. Los artistas no reciben ni un solo peso hasta no ejecutar todo el servicio –preparación, montaje y desmontaje incluidos. Luego los artistas deben entender que hay que esperar unos meses más para cobrar lo acordado. Y cuando el pago no salga ni pasados tres, cuatro, cinco, o hasta ocho meses, ella asumirá el papel de Poncio Pilatos: le colgará el muerto a la Secretaria de Administración y Finanzas. Tanto Sarah Mansilla como Viviana Akamine se han hecho conocidas entre los artistas por rehuir a dar explicaciones, no dejarse encontrar, y en el mejor caso, indicar que ellas ya cumplieron desde su oficina.

Mandar a los artistas a peregrinar por los pasillos de la Alcaldía es la siguiente porquería de este sistema. En adelante, el proveedor(a) de los servicios contratados, debe darse el trabajo de aparecer en horas de oficina en la Secretaria de Administración y Finanzas, luego visitar Tesorería, y lidiar con funcionarios con los que nunca pactó nada referido a los detalles de su contratación de servicios, para reclamarles que ya no es justo que tarde tanto. Pero en esa instancia cada individuo que aparece con el numerito de su caso para reclamar, es poco más que un insecto, una imagen borrosa en medio de una marea de proveedores de otras extensiones de la alcaldía que reclaman por atención.

El abatimiento y la rabia espantan la tranquilidad de los desdichados proveedores culturales, acostumbrados a sufrir por sus pagos cuando trabajan para el municipio. Pero en esta ocasión declaran que la situación se ha salido de toda proporción. Nadie en este sistema en el que vivimos se levanta de su escritorio con la mano en el pecho para ir a reclamar a las oficinas correspondientes en defensa de los perjudicados. Menos aún el alcalde Fernández, que aparece sólo cuando hay necesidad de posar para las fotos con algún exótico saco de piel de lagarto.

Conclusiones

No se ha entendido hasta ahora cuál es el valor agregado que aportan los artistas con su trabajo. En cuanto a la Alcaldía, no es aceptable, menos en la actual crisis económica que vive el país, que se engrose tanto a las oficinas de un nivel del Estado para que existan tanta ineficacia y falta de transparencia reunidas. Hace falta pensar en serio en nuestro país en una política de la motosierra –mirando de reojo al presidente argentino Milei– para disminuir las descomunales cifras de gasto público que se expenden tan solo en salarios y gastos de mantenimiento de oficinas que no sirven para nada. El presupuesto que maneja el gobierno municipal de Santa Cruz es altísimo, pero no se ven los frutos, ni en cultura, ni en obras públicas bien ejecutadas, ni en equipamiento de hospitales, ni en recuperación del centro histórico, ni en urbanismo. Y aun así, el presupuesto para el 2025 ya fue aprobado, con mayores cifras, pese a las observaciones.